Reto 1: Todos somos Mónica Oltra!
La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todos nacemos libres e iguales, un principio que se extiende a la dignidad de los políticos (sí también tienen derechos) incluso cuando son injustamente acusados.
Este escrito examina el caso de Mónica Oltra, exvicepresidenta del Gobierno Valenciano, cuya imputación por un caso relacionado con abusos sexuales de su exmarido fue archivada la semana pasada, al considerar, el juez que la imputó hace dos años no existían indicios sólidos. Ni los hay ni nunca los hubo. Este caso resalta la desigualdad ante la ley y la manipulación mediática que, comparándolo con otros casos de figuras políticas son tratadas diferentemente (la infanta con Urdangarín o Isabel Díaz Ayuso y su pareja), incluso protegidos o amparados.
Decidí abordar este tema en un curso sobre igualdad y no discriminación, a pesar de su naturaleza política y las posibles discrepancias que podría suscitar, porque entiendo refleja una discriminación ideológica y de género que socava los principios no sólo de una persona, sino de democracia misma. La dimisión de Oltra y las consecuencias políticas en Valencia subrayan cómo el lawfare y el mediafare pueden ser utilizados para atacar a opositores políticos, afectando el juego limpio democrático.
La onda expansiva del trumpismo ha llegado a España y cualquier medio -incluso la mentira- es válida para llegar al poder.
La situación de Oltra, junto con otros casos similares mencionados (las 20 causas iniciadas y archivadas contra Podemos), muestra cómo la
política española ha sido polarizada, hasta tal punto que lo efectivo para ganar unas elecciones es recurrir a tácticas que buscan
confundir y dividir a la población, ya no tanto de hacer mejoras para facilitar la vida de la gente.
Este caso no es aislado; refleja un patrón más amplio de discriminación ideológica y manipulación mediática, donde la presunción de inocencia se ve comprometida por prejuicios y estereotipos. Nos enfrentamos a un caso de discriminación ideológica, según entiendo del manual, caracterizado por la discriminación
interseccional, que surge cuando múltiples factores de discriminación
convergen simultáneamente, creando un tipo específico de discriminación.
En este contexto, se manifiesta a través del lawfare, mediafare e
infodemia, por la adscripción de Mónica Oltra al sector político de la izquierda (si hubiera sido de derechas no hubiera pasado nada), por ser mujer (también) y por detentar el poder (vicepresidenta).
La imputación de Mónica Oltra no solo marcó el fin de su carrera
política, sino que también precedió un cambio de gobierno en la
Comunidad Valenciana, con el ascenso de la derecha y ultraderecha tras
las elecciones de mayo de 2023. Discursos de odio contra la mujer que luego tienen consecuencias prácticas en los casos de violencia de género.
Esta situación se vio exacerbada por una campaña de difamación y desinformación, amplificada por medios de comunicación y exacerbada en redes sociales, constituyendo un claro caso de hostigamiento y odio dirigido hacia Oltra, especialmente por parte de aquellos que se beneficiaron políticamente de su imputación.
Además, este caso resalta un evidente sesgo de género, ya que Oltra fue injustamente señalada por acciones de su exmarido, a diferencia del tratamiento mediático y judicial otorgado a figuras políticas de ideologías opuestas, como ya hemos comentado, evidenciando una doble vara de medir impulsada por motivaciones políticas y machistas.
En ciencias sociales, el término contrafactual se refiere a escenarios
hipotéticos que no ocurrieron pero que podrían haberse dado bajo
ciertas condiciones. Desde mi formación en ciencia política, me
pregunto: ¿cómo habrían sido las elecciones pasadas en Valencia sin la imputación de
Mónica Oltra? ¿hubiera llegado la extrema derecha al poder? o ¿hubieran continuado una reedición de los pactos del botánico?
Por consiguiente, entiendo que este caso de discriminación de trato trasciende la estrategia de no sólo atacar la dignidad y honor de Oltra, sino que revela un intento por desestabilizar un gobierno de izquierdas -como así ha ocurrido- mediante el uso de tácticas de Lawfare y Mediafare, marcando un precedente preocupante en la política española. Este episodio refleja las consecuencias de polarización, donde la desinformación se utiliza estratégicamente para manipular el poder, evidenciando una era en la que, lamentablemente, parece que el fin justifica los medios.
Esta falta de cultura política produce un miedo a otras personas de izquierda a dar un paso adelante en política, puesto que podrán ser fácilmente acusados (sin pruebas), difamados mediáticamente y acosados en redes sociales con total impunidad, limitando el derecho consituticional a participar en la vida política. Situaciones como esta potencialmente colocan a los individuos asociados a este grupo en una posición jurídica desventajosa, en consonancia con lo establecido por la normativa europea, la cual señala que se considera discriminación cuando una persona es representada de forma menos favorable debido a su pertenencia a un grupo específico.
Para finalizar, este nuevo método de discriminación (lawfare/mediafare/infodemia) nos hace recordar la pregunta que Lewis Carrol hacía decir a su protagonista en “Alicia a través del espejo”: “¿se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes? Otro de sus personajes le contestará: “la cuestión es saber quién es el que manda...eso es todo!”